Por una Patria Justa, Libre y Soberana

Una Patria Justa, Libre y Soberana - 17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 2015 - Día de la Lealtad - Setenta años

sábado, 31 de enero de 2015

Tratando de parar la pelota

Sin duda que frente a la evidente confabulación de los poderes fácticos no cabe otra reacción para cualquier ciudadano y ciudadana consciente que el estupor y la indignación.

Sin embargo en tiempos como éstos se impone la reflexión.

Es evidente que para que el complot desatado por la denuncia de Nisman tuviese cierto éxito esos mismos poderes debían ser impiadosos -cosa que siempre les ha costado nada- y que, en este caso, era necesario que el fiscal Nisman terminara recorriendo el camino del héroe víctima de un gobierno dictatorial, corrupto y nefasto.

Para eso lo necesitaban muerto, porque vivo se les caía irremediablemente. Quizás por eso acabaron soltándole la mano y, tal vez, provocando su cruento final. En este punto detengo a sabiendas la especulación. Hay, no obstante, algunas certezas.

Entre los beneficiados por su muerte no está el gobierno nacional, al que no tan subrepticiamente los medios del monopolio lo hacen responsable, sino que los beneficiados son los medios opositores que se encontraron con una grieta por la cual penetrar y hacerle daño. Y bien que la están aprovechando aunque la ventana de oportunidad de los tiempos mediáticos no dure para siempre.

La oposición política les sigue el juego sin reparos esperando sacar del escándalo una ventaja electoral.

No es que en este combate mediático no haya reglas, las hay, pero éstas no son éticas como clama un verdadero aunque utópico periodismo independiente. Si en una guerra mediático ideológica como la que vivimos desde el 2007, la primera víctima es la verdad, la segunda es naturalmente la ética, ambas son inseparables.

Comparto la indignación del ex músico, militante y periodista Enrique Masllorens manifestada en una nota publicada en Tiempo Argentino de hoy, sábado 31 de enero, aunque discrepo solo en un punto: cuando afirma que el poder golpista considera como enemigo al Estado. (en referencia a la nota "De caranchos y teros", de Enrique Masllorens)

Estos poderes fácticos están en las antípodas de sostener una postura pseudo anarquista. Necesitan del Estado pero de uno debidamente colonizado por ellos. Siempre ha ocurrido así por estas tierras y ocurre cosa parecida en todas las partes del mundo globalizado y hegemonizado por las potencias dominantes.
En nuestro país y en la actualidad lo han logrado con una parte muy importante del poder judicial, pero los desespera que el poder ejecutivo les resulte incontrolable y que lo mismo suceda en buena medida con el poder legislativo. Sin embargo, si bien les preocupa el presente y sobre él accionan al que realmente temen es al futuro.

Estos poderes -que odian tener rostro- reniegan de la política y razones no les faltan, la oposición hasta ahora pierde por goleada y aún cuando en virtud de algunas -más que publicitadas- derrotas electorales del oficialismo sus representantes legislativos supieron tener en el Congreso cierta endeble mayoría (grupo A) no fueron capaces de aprovecharla adecuadamente. Pueden entorpecer, pero a la hora de la verdad no son alternativa. La oposición político partidaria es tan endeble que no les ofrece ninguna seguridad y sus voceros en los medios lo han dejado en claro de forma más que violenta, escatológica.

Las encuestas de opinión revelaban hasta días antes del affaire Nisman que una parte sustantiva de la ciudadanía comparte, a pesar de toda la protección mediática que les brindan, las mismas dudas con respecto a la capacidad de la oposición como alternativa al actual gobierno o a su proyecto político. La imagen positiva de la presidenta que ronda el 50% y la inconmovible base dura del FPV que ronda el 34% los pone muy mal.

Por eso y ante la perspectiva cierta de que en las próximas elecciones pudiese ganar nuevamente el FPV esos poderes en las sombras (y no tanto) se "retiraron" hacia las posiciones en las que realmente son fuertes: la economía y el aparato judicial cooptado. De sus ataques en ambos terrenos, el económico y el judicial, sobran pruebas a lo largo de los dos períodos de gobierno de Cristina.
Los intentos de desestabilización económica terminaron por fracasar -entre otras cosas- por la excelente reacción del poder ejecutivo, que incluso salió fortalecido de su pelea con los buitres externos y los caranchos locales.

Es entrar en el terreno de una especulación controlada, pero se puede sostener que cuando el gobierno nacional decidió meter mano en la ex SIDE lo hizo para cortar el nexo corrupto entre ésta y la justicia cooptada, porque visualizó con razón que allí se encontraba el principal frente de combate presente.

Una de las respuestas de los complotados fue la extemporánea denuncia de Nisman. Todo sugiere que fue resuelta con un notorio apuro y sigilo pero escasa preparación. Se la presentó durante la feria judicial a sabiendas de que su inconsistencia no habilitaría su tratamiento. No obstante, el propio fiscal la difundió ampliamente por los medios opositores y se colocó (¿voluntariamente?) bajo la presión inaudita de Patricia Bullrich y Laura Alonso que planearon sacar rédito político con su presentación ante la comisión legislativa aunque la esperable reacción del bloque oficialista les sumó a todos una presión adicional.

El hecho de su muerte, sin embargo, está bajo actual escrutinio judicial y especular en este momento sobre sus circunstancias es inadecuado, aunque la presión inaudita bajo la que se encontraba Nisman luego de su regreso temporario el 12 de enero a nuestro país al solo efecto de presentar su denuncia contra la presidenta, puede considerarse un hecho de la realidad que aún no se ha concretado debidamente en el expediente.

Hace ya unos meses que Ricardo Recondo, el flamante reelecto presidente de la organización mafiosa de jueces autodenominada asociación de magistrados, planteó con claridad y absoluta falta de respeto por la Constitución, las Leyes vigentes y la sana práctica democrática cuál debería ser la estrategia de un futuro gobierno opositor: derogar mediante decretos de necesidad y urgencia todo el andamiaje legal sancionado por el kirchnerismo. Cirugía mayor sin anestesia, dijo. Así, de un plumazo, sin la menor consideración.

Ese es el mandato que los "poderes fácticos" -de dentro y de fuera- le imponen a la flacucha oposición, aunque sus miembros, por esas cosas de la campaña electoral y sus conveniencias, se preocupen en ocultar.

El gobierno nacional ya ha dado muestras de haber salido del estupor inicial y no solo ha modificado su discurso sino que ha retomado la iniciativa política con dos medidas sumamente importantes, la propuesta de Roberto Carlés para ocupar el sillón vacante que deja la renuncia de Zaffaroni en la CSJN y el Proyecto de Ley que disuelve la SI (ex SIDE) y crea en su lugar la AFI, Agencia Federal de Inteligencia. La oposición sometida ha reaccionado como si fuese víctima de un tic que la obliga a oponerse a todo aún sin darse tiempo para darle siquiera un vistazo, como si los títulos de Clarín bastasen como suficiente argumento.

bastadeodio                                                                        

jueves, 29 de enero de 2015

Preservar a la Presidencia. Preservar la investigación judicial

Observo con creciente preocupación el rumbo judicial y mediático que está tomando la investigación en la causa por la muerte de fiscal Nisman. La fiscal Viviana Fein -a cargo de la investigación- parece actuar cada vez más en función de refutar los dichos de la presidenta y menos en función de tomarse en serio los hechos -incluso en apariencia contradictorios- que van surgiendo de la misma investigación.

La minimización puesta de relieve en los dichos públicos de la fiscal Fein sobre el papel jugado por Lagomarsino tanto en la propia muerte (al fin y al cabo le proveyó el arma y fue -tal vez- el último que lo vio con vida) así como la aparente ausencia de investigación acerca de la relación especial que mantenía con la víctima, son -ambas- ciertamente preocupantes. También lo es el hecho de que éstas manifestaciones surjan después de que en su mensaje en cadena Cristina señalase al colaborador especial del fiscal como una figura principal a investigar.

Ocurre en cierta medida lo mismo con otro personaje clave señalado por la presidenta, el ex agente SI Stiusso. Fein en este caso respondió a una pregunta periodística con un lacónico "no tengo previsto convocarlo a declarar".

A pesar que el abogado de Lagomarsino, en la extraña conferencia de prensa que convocó, negó que su defendido conociera a Stiusso surge de declaraciones anteriores del mismo que por lo menos sabía de su rol principal en el entorno habitual del occiso. Es necesario, que duda cabe, indagar sobre si esa relación era más profunda.

En cuanto al propio Stiusso, su aparente papel central en la conformación de la denuncia presentada antes de morir por Nisman y la relación posiblemente más que meramente cronológica entre su despido de la SI por parte de las nuevas autoridades (19 dic 2014) y una denuncia presentada el 14 ene 2015 durante la feria judicial (lo que sugiere un apuro inexplicable), también señalan posibles conexiones entre la oportunidad de la denuncia, su publicidad y la muerte del fiscal situación que tiene un nodo fuerte en la figura del ex director de contrainteligencia.

La muerte del fiscal ocupa el centro de la atención por obra y gracia de los medios de comunicación que lo han elegido como el tema principal. Más allá de que esto constituya el núcleo político de esta trama y revele una clara intencionalidad de perjudicar al gobierno, lo hace a costa de desplazar del escrutinio público los contenidos y la sustancia de la propia denuncia que fue hecha pública en su totalidad. Esto llega al punto de que varios candidatos y líderes opositores han confesado públicamente que no la han leído y que, en el mejor de los casos, han accedido a "resúmenes".

En el post anterior a éste ya sugería que esto sucedería: el tribunal mediático reemplazaría al verdadero tribunal y adelanté que como suele suceder en estos casos la víctima inevitable es la posibilidad de conocer públicamente la verdad de los hechos.
Naturalmente que esto que está sucediendo bajo nuestras narices no es ni casual ni el resultado de una ley natural, la oposición -mediática y política- ha elegido deliberadamente, de forma irresponsable y con un total desprecio por las instituciones el terreno de batalla donde se siente más fuerte y en condiciones de sacar más rédito.

Pero así como hay claridad en las intenciones de la oposición hay, según mi punto de vista que puede estar equivocado, errores que pueden ser graves por parte del gobierno.

La presidenta tiene el derecho y hasta la obligación de defenderse de las acusaciones infundadas, carentes de pruebas y hasta disparatadas del fiscal Nisman. Su muerte no debería constituir ningún obstáculo para ello porque la posible causa iniciada por la denuncia está a consideración de un juez federal que pasada la feria deberá expedirse. Tiene derecho porque se la acusa personalmente pero tiene también el deber de defender la investidura presidencial que tiene origen en un mandato popular que la trasciende y al que se debe antes que ninguna otra consideración. En este terreno tiene todas las de ganar.

No ocurre lo mismo con la causa iniciada por la muerte del fiscal. En ella la presidencia no está ni acusada ni sospechada. Quienes la acusan lo hacen mediática y subrepticiamente alentando a "la gente" a concretar la acusación en la calle y en las redes. A Cristina que tanto la insultan y desde hace tanto tiempo, le han agregado ahora el mote de asesina.

La presidencia no debe intervenir públicamente en esa causa como no sea para apoyarla con todos los recursos que demande. Debe estar al tanto de cada paso que se da pero no puede ni debe sugerir hipótesis a la investigación ni menos aún señalar particularmente a ningún individuo incluso porque no es ni puede ser parte de la querella.

En todo caso para dar opinión están los medios de comunicación amigables e incluso alguno de los ministros. Acusar a Stiusso o señalar a Lagomarsino no sirve a la defensa de la presidencia, da lugar en cambio para que una empleada del poder judicial de mucho menor jerarquía institucional le responda y su respuesta sea la última. En este terreno Cristina lleva todas las de perder.

bastadeodio                                                                         

lunes, 19 de enero de 2015

UN OPORTUNO SUICIDIO

Al mejor estilo mafioso el fiscal Nisman se suicidó a horas de prestar un testimonio clave frente a legisladores del oficialismo y de la oposición. Su muerte, como ocurre en general en estos casos, dificultará que la verdad salga a la luz. 

Sin embargo, lo que menos importa para los que organizaron y los que se plegaron a la denuncia de Nisman en contra de las máximas autoridades del gobierno, es la verdad de los hechos. Es natural que así sea porque saben que su denuncia es insostenible frente a un tribunal.

Ni la causa AMIA a cargo del juez Canicoba Corral, ni la causa de "encubrimiento" -iniciada por la denuncia de Nisman- a cargo del juez Lijo, tienen importancia real, solo proseguirán formalmente pero me adelanto a pronosticar que no producirán nada relevante en los próximos meses.

El centro de gravedad se desplazará -como ya había comenzado a hacerlo- de los tribunales a los medios.

Al mismo Nisman ya no se lo puede indagar ni mucho menos acusar. Pero su muerte, aunque sea suicidio, requiere de una explicación racional y es en torno a ella sobre lo que girarán las noticias y las especulaciones más desenfrenadas.

El golpe de efecto que cierra la opereta política montada tiene su acto final con la muerte del fiscal la que, para muchos, obrará el milagro de convertir en plausible su disparatada denuncia.

Se intenta, está claro, que el perjuicio sea para el gobierno nacional porque con lo ocurrido se invierte la carga de la prueba y se sacan los sucesos del ámbito judicial. No hay que demostrar ante un tribunal que Nisman decía la verdad, cosa imposible entre otras cosas porque está muerto, hay que demostrar frente a la opinión pública que el gobierno no está involucrado en su suicidio.

La opinión publicada ya comienza a manifestarse: no habrá acusaciones directas y formales pero sin duda se sembrará abundantemente la sospecha, tanto en los medios locales como internacionales, de la culpabilidad potencial del gobierno. Habrá también homenajes de la oposición que intentarán transformar al suicida en un héroe de la república.

Casi nadie pondrá el énfasis en la inconsistencia de la polémica denuncia realizada por el fiscal Nisman que acusaba a la presidencia nada menos que de encubrir a terroristas. Solo mencionarán su muerte y el anteúltimo acto de su vida, su denuncia, y que el público saque sus conclusiones.

bastadeodio                                                                        

sábado, 17 de enero de 2015

Los malandras solo ceden cuando se los obliga

En una entrevista aparecida en Tiempo Argentino, Raúl Zaffaroni se pronuncia sobre la denuncia realizada en contra de la presidenta, del gobierno y de la mayoría parlamentaria oficialista por el fiscal Nisman de la causa AMIA. Una frase de la misma -que sirve de título- es por demás elocuente:

"En un sector de la justicia están usando un gas psicotizante".

¿Cree que hay una guerra de intereses dentro del Poder Judicial?
–No sé si hay guerra de intereses o qué. Si la hay creo que están usando algún gas psicotizante que afecta a algún sector minoritario de la justicia. No hay una "judicialización de la política", porque eso es otra cosa: la hay cuando la política quiere usar a la justicia y de eso sabemos desde hace mucho. Aquí hay una "partidización de la justicia", es la justicia la que se mete en la política, y eso es nuevo y efecto del gas psicotizante.

¿Cuáles son las consecuencias?
–No sé hasta dónde puede llegar ni puedo prever las escaramuzas de esto, pero sí sé cuál va a ser el resultado final si no se bajan los decibeles y se entra en razón. El resultado final va a ser un desastre para toda la justicia. Si como resultado de una actitud psicótica minoritaria, el público llega a la conclusión de que en toda la justicia (porque no se distingue y el baldón cae sobre todos) no es más que un juego de poder, lamentablemente el descrédito va a ser mayúsculo y muy difícil de superar.

Las respuestas de Zaffaroni son precisas y de puro sentido común y realismo. Sin embargo el fondo del problema no se encuentra en Nisman que es un mandado de poca monta, ni tampoco -aunque esto sea institucionalmente más grave- en un grupo minoritario de la justicia que se ha "partidizado" o "vuelto loco".

El problema de fondo al que nos enfrentamos es que, por una parte, hay sectores del poder económico en la sociedad nacional y fuera de ella (el propio Nisman con sus "relaciones particulares" con la embajada de los EEUU, lo deja en claro) para los cuales un gobierno que pretende gobernar e intervenir en los negocios para limitar los excesos, cambiar la estructura de la distribución de la riqueza o tener una política internacional no subordinada, es un obstáculo a eliminar.

Por otra parte hay buena parte de los partidos políticos que difícilmente puedan acceder al poder mediante el voto popular.
Operando en conjunto ambos grupos de intereses han intentado reiteradas veces inducir un caos económico buscando repetir experiencias del pasado y, sin embargo, han fracasado.
Han denunciado con abundante apoyo mediático y escasas pruebas una supuesta corrupción gubernamental y han ocultado una corrupción empresaria y política sobre la cual hay pruebas contundentes.
A juzgar por las mediciones de diversos encuestadores el apoyo al gobierno y a Cristina Fernández es notablemente alto para un ejecutivo que termina su mandato, también han fracasado en esto, no están frente a un "pato rengo" sino frente a un gobierno y un partido, el FPV, con sus potencialidades intactas.

Ante estos fracasos y la perspectiva cierta de un nuevo desastre electoral han perdido la poca compostura republicana que aún les quedaba y han decidido hacer entrar a "la cancha" como jugadores a sus jueces comprados o complacientes. La "locura" a la que alude Zaffaroni consiste en un abandono de su rol constitucional de garantes del equilibrio de poderes e intereses y la objetividad en el juzgamiento de las causas.
La utilización de jueces y fiscales amigos con una clara intencionalidad política o económica es una maniobra que no es nueva. Mediante ella han logrado obstaculizar buena parte de las iniciativas legislativas del gobierno y obtener importantes privilegios económicos.

Lo que es nuevo es la magnitud del intento, ya que lo que pretenden producir es un grave conflicto de poderes y poner en riesgo el funcionamiento institucional en un año electoral creando un clima de incertidumbre y hasta de miedo por el futuro en buena parte de la población.

Pretenden que de esa situación creada se derive una mejor oportunidad electoral para su o sus candidatos.

El "partido judicial" no es un partido en el sentido tradicional, no los caracteriza ser afiliados o simpatizantes de la UCR, del PRO, o del Socialismo, son partidarios del partido del poder en las sombras con vínculos explícitos con el poder económico global, el que tiene dirigentes pero no candidatos propios, y solo designa gerentes a los cuales enviste -circunstancialmente- como candidatos en una gran mascarada de carácter global y nacional dirigida a manipular y torcer la voluntad democrática de la población.

Yo diría que frente a esta maniobra solo cabe -por parte del gobierno y de la población- tenerla en claro, no dejarse conquistar por el miedo y enfrentarla en todos los terrenos en que se manifieste. No existe en la actualidad la posibilidad de conciliación de intereses entre estos sectores que se consideran el verdadero poder permanente y los intereses populares. Mil fotos en apariencia amables no harán cambiar esta historia, solo sirven para confundir.

El partido que estamos jugando, con los árbitros dentro de la cancha haciendo zancadillas y golpeando arteramente a los jugadores de un bando, "inclinando la cancha", es un partido entre la democracia, la libertad y la justicia y contra una banda de malandras dispuestos a utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines. Así actúan los malandras, los que atentan contra la belleza y el sentido del juego comprando a los árbitros y arreglando los partidos.

Ya se les ha podido ganar y más de una vez. El límite que no están en condiciones de ignorar en este momento histórico, es la voluntad popular expresada con claridad en las urnas eligiendo dirigentes que tengan lo necesario para enfrentarlos. 

bastadeodio                                                                            

viernes, 9 de enero de 2015

Charlie Hebdo, el comunicado de prensa del PRO y la "lucha fratricida"

Diego Guelar abrió la caja de Pandora
Comunicado de Prensa PRO
Buenos Aires, 7 de enero de 2015


Repudio al fanatismo y la violencia

El Pro condena el sangriento atentado sufrido en Paris contra la sede de la revista "Charlie Hebdo", Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, el pueblo y el gobierno Francés frente a semejante crímen que expresa lo peor del ser humano y que, por suerte, solo representa a una ínfima minoría que no debe asimilarse a pueblo, raza o religión alguna. Sus perpetradores son asesinos que sólo portan su propio odio y su incapacidad de convivir en forma civilizada y contra los cuales debe recaer todo el peso de la justicia.
Los Argentinos tenemos que recordar que supimos vivir enfrentamiento fratricidas que han quedado sepultados en el pasado y que allí deberán quedar por siempre.

Humberto Schiavoni
Presidente de PRO

Diego R. Guelar
Sec. de Relaciones Internacionales de PRO

Este comunicado y lo que le siguió expresa con toda claridad que en el PRO hay problemas de cómo enfrentar las consecuencias políticas, éticas y jurídicas vinculadas al genocidio cometido por la dictadura cívico militar argentina, autodenominada proceso de reorganización nacional, el que en la realidad lo fue de destrucción y  extranjerización del aparato productivo y del ejercicio de un terrorismo de estado -con participación civil y eclesiástica- dirigido a acallar toda forma de oposición política y gremial.

Frente a una seria y consecuente política de memoria, verdad y justicia llevada adelante desde el 2003 por el gobierno nacional y buena parte de los organismos de DDHH, reconocida y elogiada en todo el mundo y apoyada por una mayoría de la población, que desde hace un tiempo pone la mira en los cómplices civiles, al PRO (y no solo a él) le preocupa su continuidad y como objetivo de máxima se propone enterrarla, ponerle un cierre, un punto final, retrocediendo -con la complicidad necesaria de buena parte del poder judicial- a la época de los inmorales indultos del gobierno de Menem.

Esa frase final metida con "forceps" en el contexto de la condena al atentado a la publicación Charlie Hebdo no tiene otro sentido que el descipto más arriba. No se plantean discutirlo democráticamente, de alguna manera forzada y confusa dicen lo que aspiran hacer si son gobierno. No es una mera inclusión desafortunada.

Los "enfrentamientos fratricidas" que menciona el comunicado no merecen siquiera esa denominación simplemente porque lo que ocurrió en los años de la dictadura fue un genocidio, una brutal caza sistemática y planificada de militantes populares de muy variado origen -no solo de organizaciones armadas- el que sólo en la mente extraviada de un pequeño grupo de ellos -a los que Diego Guelar, uno de los firmantes, perteneció- pudo ser imaginado como tal.
En todo caso, mas allá de individualidades, es un intento brutal de reivindicar la teoría de los "dos demonios" que tanto daño y retrasos le significó al proceso reparador de Memoria, Verdad y Justicia.

El mismo Diego Guelar corroboró que la lectura anterior del comunicado no es antojadiza cuando entusiasmado lanzó en un documento interno del PRO la idea concreta de que en el caso de que Macri accediese a la presidencia, el PRO debería impulsar "una amplia consulta popular para promover una admistía en favor de los condenados en los juicios de lesa humanidad".

La reacción negativa cuando esta propuesta interna tomó estado público no se hizo esperar e incluyó, además de funcionarios del gobierno nacional y organismos de DDHH, desde el ex fiscal del juicio a las juntas Strassera hasta inesperadamente -por lo menos en mi caso- a la diputada Laura Alonso.

Tanto revuelo obligó al secretario nacional de PRO, Jorge Macri, a salir a desautorizar a Guelar. En declaraciones hechas a DyN, dijo:
"En el PRO nunca se analizó ni avaló una amnistía para quienes violaron los derechos humanos". "Más allá de que todos creemos que hay que mirar hacia adelante y sanar el pasado, nunca hemos avalado una amnistía. Sí pedimos una justicia equilibrada, justa, pero sin plantear posturas de amnistía"
La juventud nacional del PRO en un comunicado se sumó también a la ola de rechazos. "No avalamos ni impulsamos ningún pedido de amnistía".
"Desde el espacio de juventud que representamos en el orden nacional, no avalamos, no impulsamos ni compartimos ningún pedido de amnistía a favor de los representantes del Ejército que participaron de la última dictadura militar".

Queda claro que al parecer Guelar se cortó solo, o lo dejaron solo, sea este hecho fortuito o intencionado sirvió para poner de manifiesto que el tema de los juicios a los militares y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad, que dicho sea de paso no están para nada enterrados porque muchos de ellos -como es el caso de la apropiación de hijos de desaparecidos- se siguen materializando en la actualidad, preocupa al PRO y que algo planean hacer de ser gobierno, pero que, a la vez, no tienen la voluntad -campaña electoral mediante- de hablar claro y fuerte sobre el tema.
Prefieren, en cambio, las frases preñadas de ambivalencia "con nosotros se va a acabar el "curro" de los derechos humanos" (Mauricio Macri) o como los jovenes PRO que solo hablan de representantes del Ejército, ¿y los militares de otras fuerzas, y los civiles?. ¿Oportunismo, carencia de verdadero espíritu democrático y republicano, todo esto a la vez?
Lo que seguramente más le procupa al PRO es la continuidad y ampliación de los juicios a los genocidas civiles.

Este episodio invitablemente me retrotrae a la entrevista que le hiciera Bernardo Neustadt a Menem en la cual le confesó que mintió en la campaña porque "si decía lo que realmente iba a hacer no me votaba nadie". El tema de la dictadura y sus consecuencias de "enterrado" no tiene nada y sigue marcando a fuego la política nacional y así continuará siendo durante un largo tiempo.

bastadeodio                                                                       

jueves, 8 de enero de 2015

Lo que subyace al atentado a Charlie Hebdo

Génesis del terror
Por Atilio A. Boron

El atentado terrorista perpetrado en las oficinas de Charlie Hebdo debe ser condenado sin atenuantes. Es un acto brutal, criminal, que no tiene justificación alguna. Es la expresión contemporánea de un fanatismo religioso que –desde tiempos inmemoriales y en casi todas las religiones conocidas– ha plagado a la humanidad con muertes y sufrimientos indecibles.

Los políticos y gobernantes europeos y estadounidenses se apresuraron a manifestar su repudio ante la barbarie perpetrada en París. Pero parafraseando a un enorme intelectual judío del siglo XVII, Baruch Spinoza, ante tragedias como esta no hay que llorar sino comprender. ¿Cómo dar cuenta de lo sucedido?

La respuesta no es simple porque son múltiples los factores que la precipitaron. No fue la obra de un grupo de fanáticos que, en un inexplicable rapto de locura religiosa, decidieron aplicar un escarmiento ejemplar a un semanario que se permitía criticar ciertas manifestaciones del Islam. Esta conducta debe ser interpretada en un contexto más amplio: el impulso que la Casa Blanca le dio al radicalismo islámico desde el momento en que, producida la invasión soviética en Afganistán, la CIA determinó que la mejor manera de repelerla era estigmatizando a los soviéticos por su ateísmo y potenciando los valores religiosos del Islam.
La Agencia era en esos momentos dirigida por William Casey, un fundamentalista católico, y bajo la administración Reagan tuvo a su cargo la promoción, entrenamiento y financiamiento de Al Qaida, bajo el liderazgo de Osama bin Laden.
Cuando en 2011 se consumó el fracaso de la ocupación norteamericana en Irak, Washington intensificó sus esfuerzos para estimular las guerras sectarias dentro del país, con el objeto de debilitar a los chiítas, aliados de Irán, y que controlaban el gobierno iraquí. El resto es historia conocida: reclutados, armados y apoyados diplomática y financieramente por Estados Unidos y sus aliados, los radicales sunnitas terminaron por independizarse de sus promotores, como antes lo había hecho Bin Laden, y dieron nacimiento al Estado Islámico y sus bandas de criminales que degüellan y asesinan infieles a diestra y siniestra.

En su afán por desarticular los países de Medio Oriente, Occidente aviva las llamas del sectarismo religioso.

Por eso la génesis de este crimen es evidente, y quienes promovieron el radicalismo sectario no pueden ahora proclamar su inocencia ante la tragedia de París.
Horrorizados por la monstruosidad del genio que se les escapó de la botella el 11-S, en su criminal estupidez declararon una sorda guerra contra el Islam en su conjunto. Y sus pupilos responden con las armas y los argumentos que les fueron dados desde los años de Reagan.

Aprendieron después con los horrores perpetrados en Abu Ghraib y las cárceles secretas de la CIA; de las matanzas perpetradas en Libia y el linchamiento de Khadafi, recibido con una carcajada por Hillary Clinton, y pagan con la misma moneda.

Resulta repugnante narrar tanta inmoralidad e hipocresía. Sobre todo si se recuerda la complicidad de quienes ahora se rasgan las vestiduras y no hicieron absolutamente nada para detener el genocidio perpetrado hace pocos meses en Gaza. Claro, dos mil palestinos, varios centenares de ellos niños, son nada por comparación a doce franceses.

bastadeodio                                                                     

martes, 6 de enero de 2015

La corrupción de parte del Poder Judicial Argentino


Me voy a permitir discrepar parcialmente con Luis Bruschtein, el afirma en el comienzo de su nota de Página12 de hoy, "Un vicio de la época":

"La denuncia ya tiene poco que ver con la Justicia. La Justicia cada vez tiene más que ver con la política y la política cada vez más tiene que ver con la denuncia. La denuncia ya es una forma de hacer política a través de la Justicia. Y su eficacia radica en que, así, la política del denunciador queda encubierta por el escenario de cartón piedra de una supuesta Justicia."

En mi opinión hay que considerar aquí -y en el mismo plano- a tres actores y no solo dos, como hace Luis. El que falta naturalmente son los poderosos medios opositores, el verdadero partido de la oposición. Sin ellos la estrategia no tendría casi ninguna eficacia.

Es más la denuncia normalmente comienza en ellos, tras supuestas "investigaciones" basadas en sospechas y ninguna prueba sólida. Luego es presentada a la justicia amiga por algún actor político que aporta como única prueba la denuncia periodística, a pesar de ello los fiscales y jueces amigos la toman y le dan carácter judicial. En ese momento reaparecen los medios dando la impactante noticia de que la justicia investiga a tal o cual funcionario o amigo del gobierno, como si el solo hecho de ser aceptada por la justicia constituyera una prueba de la solidez de la acusación.

La justicia no es apolítica y no puede serlo los jueces no dejan en la puerta de los juzgados sus ideales o preferencia políticas, el problema o vicio, como lo llama Luis, proviene del hecho de la alianza antidemocrática y anticonstitucional de un sector de esa Justicia con los medios opositores y ciertos partidos de la oposición, lo que la aparta de su función para convertirla en una forma de hacer política cuyo objetivo final es violentar o torcer la voluntad popular.

Eso ocurre cuando algún sector de la justicia en virtud de esa alianza espúrea adquiere un poder tal que la sitúa por encima de los otros dos poderes constitucionales. Ese sector corrupto pero poderoso se transforma entonces en el garante último de los privilegios de los que gozan aquellos que pretenden gobernar aún no siendo gobierno.

Antes recurrían a las fuerzas armadas o a los golpes económico financieros para voltear en un instante o de forma mediata, provocando el caos a los gobiernos populares, ahora, que esos recursos o no están disponibles o no consiguen sus objetivos, se juegan al desgaste, al gota a gota, al día a día, tratando de minar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. En esa tarea los medios dominantes y la justicia cooptada por éstos son los actores principales.

Finalmente hay que destacar que cuando los denunciados son los verdaderos factores del poder como ocurrió recientemente con la denuncia de las estafas financieras del HSBC no se encuentran jueces o fiscales que la tomen. Son todos incompetentes o súbitamente se enferman. El caso del rechazo de la Corte Suprema al per saltum solicitado por la AFSCA es otro. En ambos casos se busca evitar que la Ley y la Justicia se apliquen a los poderosos.

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